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Larrea Zurbano Juan Dionisio

 

 

El licenciado Juan Dionisio de Larrea Zurbano, caballero de la orden de Calatrava, del Consejo de su Majestad, Oidor y Alcalde de Corte, “que fue de esta Real Audiencia”, ostentaba sus blasones de descendencia de Don Pedro y Don Andrés de Camberos en la ciudad de Quito en los primeros años del siglo XVII, haciendo igual cosa su hermano Don Francisco Javier. Trabajo con entusiasmo en el Gobierno de Don Santiago Larraín, hasta que en 1718 paso la real Audiencia a formar parte del Virreinato de Santa Fe. Desligándose administrativa y jurídicamente del de lima. El oidor Juan Dionisio de Larrea se encargo durante mucho tiempo en compañía de don Esteban de Oláis y Echeverría, fiscal de la real Audiencia, de controlar personalmente la cobranza de tributos de los indios, en vista de las atrocidades inhumanas que cometían los corregidores, ya que estos recaudaban impuestos por indios ausentes y muertos, vendiendo sus ganados a ínfimo precio, “en perjuicio de la causa publica que se quebranta con el atraso  de las haciendas”. De esta labor dejo grato recuerdos entre los infelices explotados, criticando aun fuertemente a todos los sujetos que sangraban el esfuerzo indígena, sin detenerse ni contra el general Gaspar de Santa Coloma, Corregidor de Quito en 1725, pese a su parentesco político. Su honorabilidad y delicadeza le permitió llevar una vida decente pero no de derroche y de grandeza material, sin lograr hacer mucha fortuna para sus descendientes. Su esposa Doña María Tomasa Dávalos y Larraspuru adquirió de Doña María de Rivas, esposa del ayudante Tomas de Corbuiser, quien había partido a Lima, “una Hacienda y Tierras que tiene en propiedad y posesión en el sitio que llaman de Pusuqui, territorio de los pueblos de Cotocollao y Pomasqui”, que antes pertenecieran a Nicolás Plaza de Cepeda, quien a la vez vendió el 26 de septiembre de 1714. Esta productiva hacienda fue rematada, sin previa “citación que por ley expresa del Reino” debía efectuarse, adueñándose el Capitán don Agustín de Merizalde y ejecutando el remate vergonzoso acto en aquel tiempo el capitán Gabriel de Zuleta Reales y Córdoba. Caballero de la Orden de Santiago, por cierta cantidad de pesos que le adeudara el Licenciado Larrea Zurbano desde hacía unos 28 años. Pese a que Pedro Ignacio, representando a sus padres que se encontraban en Latacunga, se presentara ante el acreedor para arreglar el asunto, no tuvieron por lo menos que perder 7.271 pesos 6 reales, valor de la cosas de litigio que se remato finalmente en Cotocollao el 6 de septiembre de 1727. En 1756, cuando Presidente su hijo político Juan Pio Montufar y Frasso, removió el asunto, pretendiendo reclamar esta injusticia que se cometiera contra sus padres. Por esta difícil situación económica tuvo que dirigirse al Rey de España, enviando la real Cedula que expidiera a favor de Diego de Camberos, su antecesor, a fin de lograr alguna buena y definitiva recomendación. En efecto, desde San Idelfonso, el 6 de septiembre de 1736, el Rey, en reconocimiento la legitimidad y valor de ella por medio del Real Consejo de Indias, ordeno: “Por tanto, mando a Virrey, Gobernador y Capitán General de las Provincias del Perú, Presidente, Oidores de mil Real Audiencia de dicha ciudad de San Francisco de Quito, Gobernadores, Corregidores, y además Jueces Justicias y Ministros de dicho Reino, guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la preinserta Real  Cedula, según y cómo en ella se contiene, a favor de los descendientes del referido Diego Camberos, que tal es mi voluntad”, y que fuera “representando por parte de D. Juan Dionisio de Larrea Zurbano, Caballero de la Orden de Calatrava, Oidor que fue de mi Real Audiencia de la Ciudad de San Francisco de Quito e vecino de ella.